¿Dónde está el espacio público?

¿Dónde está el espacio público? David Bravo Bordas
Cuando hay toque de queda, la plaza no es espacio público. Los espacios urbanos y su definición formal y material, objeto de la arquitectura y el urbanismo, no son condición suficiente para que tenga lugar lo que denominamos espacio público. En efecto, el espacio público es, como la democracia, algo frágil e intangible que tiene lugar de forma intermitente en un escenario físico que, a menudo, tras una tergiversación metonímica que toma el continente por el contenido, lo suplanta. Del mismo modo en que la democracia no es el parlamento, el espacio público no es la plaza; en realidad, ambos residen en la conciencia cívica de los ciudadanos. La plaza no es, pues, espacio público, sino el escenario donde este, en ocasiones, tiene lugar. A diferencia del espacio geométrico – atemporal y abstracto- el lugar es concreto y significativo. Un lugar no es más que un espacio atravesado por el tiempo, es decir, cargado de sentido. Cada individuo tiene la facultad de convertir espacios en lugares confiriéndoles un sentido. El espacio donde algo significativo le ocurra, por ejemplo, se convertirá para él en lugar. De forma análoga, las sociedades son también capaces de conferir sentidos y, en consecuencia, de generar
lugares colectivos. Sin embargo, aun provistos de sentido colectivo, estos lugares no son siempre espacios públicos. Este es el caso de los espacios de acceso público pero restringido, como los centros comerciales, los complejos turísticos o los parques temáticos.

El espacio público se da solamente en lugares colectivos cuyo sentido viene dado por las nociones de libertad e igualdad. Sin ellas, el espacio público no tiene sentido. Libertad e igualdad se conjugan en estos lugares convirtiéndolos en espacios mixtos, heterogéneos y pluralistas pero, a la vez, integradores y equilibradores. Ambas ideas implican que estos
lugares sean universalmente accesibles y que en ellos se acuerde la discrepancia y se pueda ejercer la libre expresión. Aunque sean promovidos y gestionados por el estado, estos lugares pertenecen a la sociedad civil porque ella es quien les confiere este sentido.
La obsesión por la seguridad –inducción del miedo ambiente- y el orden público –aun y cuando el suelo privado esté en el más absoluto desorden-; la compulsiva privatización de los servicios públicos; la sectorización estanca de la riqueza y la pobreza en ‘zonas altas’ y guetos; la ‘tercialización’ y ‘gentrificación’ de los barrios; la escandalosa vigencia de la
expulsión de metecos indocumentados; la sistemática erradicación de cualquier elemento disonante con una imagen homologada de higiénica y próspera placidez dirigida al consumo y al turismo; la relegación de la vía pública al papel banal de vacío urbano residual, anónimo y puesto al servicio del suelo privado y del automóvil; son fenómenos contemporáneos que amenazan con hegemónica frecuencia este sentido fundamental del espacio público.
Las administraciones públicas y los profesionales que promueven y proyectan intervenciones en el espacio urbano, no tienen, pues, la última palabra. Sin embargo, mediante la participación ciudadana, con el fomento de los transportes y servicios públicos, integrando tejidos urbanos desgarrados, equipando barrios, convocando la memoria histórica o promoviendo el desarrollo sostenible, pueden -y deben- favorecer las condiciones para que la sociedad civil confiera un sentido cívico a estos espacios y que en ellos tenga lugar lo que denominamos espacio público.


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